Dentro de nuestro plan de expansión por la geografía ibérica, queremos invitarle a la fiesta de reapertura de nuestra franquicia en Málaga, a la que se incorpora un nuevo equipo directivo.
Esta nueva sede, que presta servicio también al área de Marbella, fue inaugurada en septiembre de 2016 y queremos darle de nuevo la oportunidad de que conozca de primera mano cómo funciona nuestra franquicia, que algunos califican de “revolución inmobiliaria”.

No hace ni siquiera dos años abríamos la primera franquicia y hoy ya estamos presentes en Murcia, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Alicante, Almería, Málaga, Córdoba y Granada.

Nuestra propuesta se basa en un nuevo modelo de negocio, con ventajas para inquilinos y propietarios. El propietario puede promocionar su vivienda de forma gratuita a través de nuestra red, multiplicando las posibilidades de arrendamiento. Por su parte el inquilino dispone de los mayores ficheros de alquiler de la ciudad para encontrar el piso que desea, eliminando comisiones de arrendamiento con un pago único por el servicio. Además propietario e inquilino pueden negociar directamente las condiciones del alquiler.

El evento tendrá lugar el próximo jueves 2 de noviembre a partir de las 20:00 horas en nuestra oficina de Málaga… y tendremos sorpresas para ustedes “propietarios”.

Teléfono de confirmación: 951 204 506
Email de confirmación: propietarios@mlg.opau.es

El pasado miércoles 27 de septiembre de 2017 y tras una gran fiesta de inauguración, OPAU desembarcamos en la ciudad de Granada con nuestra nueva oficina situada en la Calle Acera del Darro, nº10, (3º- Pta 4).

De esta manera, nuestra marca se consolida así en Andalucía ofreciendo un innovador modelo de negocio que elimina intermediarios.

Con esta nueva apertura, OPAU ya cuenta con Once franquicias operativas en poco más de dos años, y ya está disponible en ciudades como Valencia, Madrid, Alicante, Málaga, Sevilla….y ahora en Granada, junto con su oficina propia en Murcia.

La franquicia Opau  ha revolucionado el mercado del alquiler con un método exclusivo. Eliminando intermediarios. Lo que ha llevado a una dinamización del sector del alquiler que ha generado un ahorro de costes para ambas partes: propietarios y clientes.

La calidad y la innovación de nuestros servicios inmobiliarios y los valores de claridad, cercanía y honestidad presentes en la relación con nuestros clientes y compañeros han desencadenado una expansión comercial a través de franquicias en diferentes ciudades de España.

Sonia Campuzano, socia fundadora de OPAU, afirma que Granada es una gran oportunidad para OPAU: había mucha gente que demandaba nuestra presencia en esta zona, ya que somos un negocio diferente que busca ofrecer el mejor servicio de alquileres para el ciudadano.

El objetivo de OPAU es disponer de oficina en las principales ciudades españolas. La marca continúa buscando nuevos colaboradores que se unan a su modelo de negocio tan rentable y totalmente compatible con cualquier actividad inmobiliaria.

Opau Franquicias cuenta con un plan de crecimiento para 2017 que incluye zonas del centro y norte peninsular, donde hasta ahora no se habían instaurado, pese a tener mucha demanda por parte tanto de inquilinos como de propietarios que requieren y solicitan un servicio profesionalizado para el alquiler.

Opau ofrece a sus colaboradores franquiciados la oportunidad de formar parte de un negocio probado, con unas condiciones excepcionales, formación e ingresos garantizados desde el primer día. Si estás pensando en emprender en 2017 y tener un negocio propio altamente rentable, únete a la revolución inmobiliaria de Opau.

 OPAU- Oficina Provincial de Alquileres Urbanos, cuenta con oficinas en las principales ciudades españolas y en la actualidad gestiona más de 60.000 inmuebles con una media de 800 operaciones inmobiliarias mensuales.

Para más información:

Dpto. Expansión: Celia Capel

Tfno: 868 975 490

Desde abril de 2015, fecha de la última modificación legal, la normativa en materia de actualización de alquileres entre propietario e inquilino permite libertad a la hora de pactar el índice por el que van a revisar el precio anual del alquiler. Su puesta en vigor afecta a todos los contratos celebrados a partir de la fecha, y no tiene carácter retroactivo.

Esto permite que desde 2015 pueda estipularse la variación del alquiler de la forma que acuerden el casero y los inquilinos y, de no existir este pacto en la manera de proceder, ya sea por olvido o por no querer aplicar ninguna actualización, permanecerá sin fijarse durante toda la vida del contrato sin poder modificarse.

Esto quiere decir que, aunque la revisión de la renta es anual, ésta no se puede actualizar si no se pacta de forma explícita entre arrendador y arrendatario, situación que puede favorecer a una u otra parte, según la situación económica en el momento de la revisión: cuando se produzcan incrementos de precios, será el inquilino el beneficiado por no haber incluido cláusula de revisión; sin embargo, si hay reducciones en el nivel general de precios, el favorecido será el arrendador.

En caso de incluir esta revisión anual en el contrato de arrendamiento, a la hora de firmarlo, arrendador y arrendatario pueden acordar el índice se tomará como referencia para la actualización del precio del alquiler, ya sea el IPC, Euribor, PIB o un acuerdo tácito entre las partes que establezca una actualización anual sobre un porcentaje fijo.

De no especificarse en el contrato sobre qué valor se actualizará la renta, entonces se aplicará por defecto el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC). Un dato corregido del Índice de Precios al Consumo (IPC) armonizado de la Eurozona.

Aunque este indicador sigue siendo desconocido entre propietarios y arrendadores después de más de dos años desde la actualización de la Ley, es importante conocerlo, pues de él puede depender el aumento de las mensualidades de alquiler.

Este índice tiene un techo y un suelo: no puede bajar del 0% ni sobrepasar el 2%, para asegurar la competitividad de la economía a medio plazo. Así, si el índice da un resultado inferior a 0, la renta del alquiler no se actualiza; pero si es positivo, la revalorización no puede superar la estimación de inflación a medio plazo que estima el Banco Central Europeo (BCE). La ventaja de este índice es su estabilidad y su desventaja, que se publica con dos meses de retraso.

El alquiler con opción a compra es una alternativa factible para arrendatarios e inquilinos en el momento económico actual. La dificultad para acceder al crédito y la inestabilidad laboral, llevan a que muchas personas que inicialmente preferirían tener un piso en propiedad, acaben viviendo de alquiler. Por otra parte, los propietarios consiguen alquilar sus pisos con más facilidad que venderlos, debido a esta misma coyuntura.

El alquiler con derecho a compra puede ser una solución transitoria y segura para ambos: para el arrendatario, porque puede vivir de alquiler mientras invierte en una posible compra y para el arrendador, que tendrá durante este período su vivienda alquilada.

Te explicamos en qué consiste:

Se trata de un doble contrato, que incluye dos subcontratos, uno de arrendamiento y otro de compraventa. De esta forma, el inquilino puede vivir arrendado durante un tiempo estipulado y pasado este período, tendrá opción a compra por un precio acordado. De este coste, es posible pactar con el propietario, el descuento total o parcial de las mensualidades de alquiler abonadas hasta el momento.

El alquiler con opción de compra es un contrato atípico, no contemplado por la Ley y que no aparece expresamente regulado en el Código Civil, aunque esté aceptado y reconocido en el Reglamento Hipotecario y en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Para que sea vigente, es obligatorio que, al menos, aparezcan estipuladas en él dos condiciones esenciales de la compraventa: el objeto del contrato y el precio.

Esto implica estipular que, tras los años pactados para el alquiler, se cede al inquilino la opción a compra de la vivienda y el precio de venta acordado para esta operación. Asimismo, se debe indicar en el contrato, el coste de las cuotas de alquiler y el porcentaje a descontar de las mismas, en caso de que se efectúe la compraventa.

Este pacto no tiene por qué suponer para el inquilino un coste de alquiler más elevado que el que tendría con un contrato de arrendamiento al uso. Sin embargo, el futuro propietario sí deberá abonar una prima por la opción a compra (cuya cantidad deberá aparecer en el contrato), lo que representa un coste más elevado al de una fianza de alquiler y por tanto, un mayor desembolso de inicial.

Se debe tener en cuenta además, que esta prima al contrario de lo que ocurre con la fianza, no es reembolsable si finalmente el inquilino no se decide por la compra del inmueble. Por este motivo, es muy importante asegurarse de que, llegado el momento, se va a poder pagar el precio de compra u optar a un crédito.

El Gobierno ha dado a conocer en Barcelona, una de las ciudades más perjudicadas en la actualidad por la nueva burbuja inmobiliaria que afecta a los alquileres, las medidas de su nuevo Plan de Vivienda.

El pasado 6 de abril, el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado en rueda de prensa junto a Ada Colau, que el Gobierno prepara un Plan de Vivienda para el periodo 2018-2021 cuya aprobación está prevista para el final de este año.

Si bien ha descartado modificar la Ley de Alquileres Urbanos para limitar el precio de los alquileres (cuestión suscita por la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau para evitar la subida especulativa en las rentas de los alquileres – que en Barcelona ya se sitúan por encima de los 1.000 euros mensuales de media-), entre las novedades de este borrador, destaca la previsión de elevar desde los 600 euros actuales a los 900 el tope de renta mensual que pagan las personas que pueden optar a ayudas para pagar la vivienda.

Este plan, que tiene prevista su entrada en vigor a partir del mes de enero de 2018, incluye además “cuestiones que han solicitado algunas comunidades autónomas” en materia de desahucios, que cubra el 100% del alquiler y que evite un hueco temporal entre el momento en que la persona debe abandonar la vivienda y cuando recibe una alternativa habitacional.

También se prevé incluir una nueva línea de ayudas para fomentar rehabilitaciones, incrementando hasta el 75% las ayudas para hacer obras en caso de propietarios que cobren menos de tres veces el IPREM (Indicador público de renta, situado en 532 euros).

El ministro ha destacado que harán llegar este borrador a autonomías y a ayuntamientos para que puedan hacer propuestas y una revisión del documento, con el objetivo de que se apruebe antes de terminar el año y que entre en vigor en enero de 2018, hasta 2021.